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marcoslohle · 3 years

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La desclasificación de documentos clave permite abismarse en los secretos de la coordinación represiva en América Latina con información sobre los servicios de inteligencia de la dictadura

El mundo de los documentos desclasificados es de interés no sólo para el historiador o la persona curiosa. El acceso a lo que fue escrito en forma ultra secreta, y escondido bajo siete llaves, hace surgir inmediatamente las preguntas sobre cómo, cuándo y por qué sucedió. Mucho más cuando se trata de crímenes que ofenden la conciencia universal y que fueron cometidos por el propio Estado. La reconstrucción de los hechos y la comprensión del período, respondiendo esas preguntas con los documentos en la mano, es un camino imprescindible que acerca a la verdad y que mantiene siempre cierta implicancia política.

RESOLUCIONES SECRETAS

El volumen del buscador[1] de la Cancillería argentina alcanza más de 6.800 documentos, la totalidad de ellos desclasificados entre 2009 y 2015 durante la gestiones de los cancilleres Jorge Taiana y Héctor Timerman.

Dentro de las 425 resoluciones secretas desclasificadas del período 1976-1983 pueden encontrarse gastos reservados, venta de armas, comisiones de servicio secretas, adquisición de material criptográfico y, las más significativas, remiten a los nombramientos de personal militar de inteligencia, designados como cónsules, y destinados a tareas represivas en las representaciones argentinas en el exterior. Vale señalar que, según se comprueba en la descripción de documentos desclasificados de la CIA, el plan de articulación represiva ilegal denominado Cóndor, se estructuró utilizando el correo diplomático de las embajadas, y los consulados, para distribuir información.

Entre los documentos públicos hallados posteriormente a 2015 hay uno en el que vale la pena reparar por su relación con otros documentos que serán reseñados en este escrito. Se trata de 4 páginas con el logotipo de la Cámara de Comercio Argentina – American que reúne representantes de grandes empresas de los dos países. El día 4 de octubre de 1977 al mediodía, en la Av. Broadway de Nueva York, se realizó una recepción en honor del Teniente General Gordon Sumner Jr., jefe máximo de la Junta Interamericana de Defensa, la entidad militar multilateral más antigua del continente, que agrupaba en aquél entonces, 19 países de las tres Américas. En 16 páginas anexas se transcribe el discurso de Sumner.

El alto mando militar expuso durante 20 minutos frente a 144 grandes empresarios, la mayoría recién llegados desde Buenos Aires y fue directamente al punto: el problema de la seguridad continental y la relación entre la Argentina y los EE.UU. Dijo: “no somos un comando operativo” (….)”nuestra misión es actuar como un órgano de preparación y recomendación para la autodefensa colectiva del continente americano” (….) y aclaró que si bien no cuentan “con tropas, barcos, ni aviones asignados, cumplen un rol y han tenido éxito”. Sumner se ocupó de decirles a los empresarios que EE.UU apoyaba al gobierno de la Junta militar y que, si bien el gobierno de Carter a partir de su política de promoción y protección de los derechos humanos había establecido restricciones para la compra de armas y repuestos militares, se las podía saltear, haciendo uso de créditos anteriores o pago en efectivo. El alto mando militar estadounidense fue claro en cuanto al rol de los EE.UU: preparar y recomendar.

DESCLASIFICACIONES DE LOS EE.UU.

La primera gran desclasificación fue el año 2001 a pedido de los organismos de derechos humanos de nuestro país. Previamente, en 1998 y 1999, hubo otras dos de menor importancia a pedido del diario Clarín. Más tarde, llegaron los documentos prometidos por el presidente Obama en su visita a Buenos Aires hasta que, el 12 de abril de 2019 se produjo la última gran desclasificación, con la suma total de 59.000 fojas aproximadamente.

Si bien en todas las entregas existen documentos referidos al Plan Cóndor, articulación represiva ilegal para secuestrar y asesinar opositores, integrada por Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil, en la última desclasificación apareció un documento nuevo con información que no se había conocido antes.

El Plan Cóndor tuvo su base en Buenos Aires, denominada Cóndor 1, indica un documento de 7 páginas de la CIA fechado el 16 de agosto de 1977. En nuestra ciudad se instaló y funcionó el cuartel general integrado por 4 integrantes de cada país miembro más un equipo de reserva (incluía mujeres si hicieran falta, explicita el escrito). El informe señala específicamente el aporte de armas y municiones, explosivos y accesorios, documentación, y el equipamiento electrónico para espionaje y para comunicación. El Centro de Operaciones determinaba el blanco a eliminar y el momento de hacerlo, para lo cual contaban con un equipo de inteligencia y un equipo operativo que se conocían entre sí solamente a nivel de jefes. El documento de la CIA abunda en detalles tales como que contaban con una red propia de comunicaciones provista por Brasil que llamaron Condortel, y que enviaban documentos de un país a otro, utilizando las valijas diplomáticas de las respectivas embajadas y consulados. Todo esto sucedía pocos meses antes que el Teniente General Gordon Sumner expusiera ante los empresarios en Nueva York.

UN DOCUMENTO DESTACABLE

El 4 de diciembre de 2019 Julio Alberto Cirino cumplirá 69 años y muy probablemente circule por las calles de Buenos Aires sin que prácticamente nadie sepa quién es. Según un documento secreto desclasificado, que lleva por título Memorándum de una Conversación, el 7 de agosto de 1979 Cirino fue a la embajada de los Estados Unidos en el barrio de Palermo y se reunió con dos funcionarios para contar lo que sabía sobre los centros clandestinos de detención y exterminio.

El memorándum, de 10 páginas, informa que el visitante es subordinado de los mayores jefes de inteligencia de la represión del país, integran el Batallón 601 y la sub división denominada “Central de Reunión”, que reúne jefes operativos de la represión de ejército, marina, aeronáutica, policía y todas las fuerzas de seguridad. A su vez describe que el Batallón 601 se conformaba de 7 grupos de tareas y una sección analítica. Cirino, que funcionaba como enlace e informante autorizado entre el Batallón de Inteligencia 601 y la embajada de los EE.UU.. contó que él mismo estaba a cargo de grupo de tareas N 7 y que, su señora esposa era jefa de una de las secciones analíticas.

Con respecto a los centros clandestinos de detención y exterminio informa que al momento de su visita a la embajada “entre el 80 y el 90 % de esos alojamientos habían sido cerrados” y que, cuando esos lugares fueran visitados por los miembros del Comisión Interamericana de Derechos Humanos -que llegarían al país un mes más tarde- “no iban a encontrar paredes vacías y espacios sin uso” que podrían confirmar las denuncias de que en esos alojamientos hubo secuestrados, sino que se encontrarían lugares remodelados “oficinas con escritorios y casas habitadas y equipadas”.

En general, los funcionarios diplomáticos son descriptivos en sus informes, brindan particularidades, agregan información de contexto, dan detalles sobre gestos y expresiones, a tal punto que el interlocutor queda presentado como un burócrata que brinda información valiosa y no como un responsable del terrorismo estatal. Julio Alberto Cirino se presentaba en la embajada bajo el nombre de Jorge Contreras y el propio memorándum señala en su inicio “que no es su nombre real sino su nombre de guerra”. Fue recién 29 años más tarde, en noviembre de 2008 que se supo la verdad, cuando Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, a través de una investigación, pudo establecer la relación entre este memorándum que se describe y el legajo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a nombre de Cirino, donde consta que prestaba servicios bajo el nombre de Jorge Contreras.

Cirino fue preso en 2008 por este valioso documento desclasificado, pero obtuvo la libertad en 2012. Dijo el juez en su momento que “si bien cumplía funciones en una estructura intrínsecamente ilegal” (….)” no se cuenta con elementos probatorios, que brinden convicción absoluta de que haya realizado los actos prohibidos que se le reprocha”. Es lógico inferir que Cirino concurrió muchas veces a informar a la embajada estadounidense, hasta el momento, no se conocen otros memorándums en los que, Cirino bajo el nombre de Jorge Contreras, describa otros detalles de su participación en los crímenes cometidos durante la dictadura.

Los documentos desclasificados del período de la dictadura militar multiplican su importancia a medida que se relacionan entre sí, y en la medida que consiguen situarse en el contexto real de la época, conociendo el poder efectivo de cada instancia gubernamental y de cada agencia de seguridad, legal o clandestina, de nuestro país o extranjera.

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perroberman · 4 years

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Campaña del terror, el último baluarte del modelo neoliberal

Parte 2 Desgobierno y campaña del terror

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”.

Sebastián Piñera (RN), presidente de Chile, 20 de Octubre 2019

“Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general Director. Como lo demuestro: A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”.

Mario Rozas, general Director de Carabineros, Audio filtrado, 13 de Noviembre 2019

“Se le ha pedido en el plazo de 7 días al general Director un informe que dé cuenta de cómo la institución se hace cargo e incorpora los planteamientos y recomendaciones, así como también se hace cargo y se ha venido haciendo cargo de todas las denuncias, en materia de violaciones de Derechos Humanos, ese informe se lo pedimos en el plazo de 7 días al general Director”.

Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior, respecto al informe de Human Rights Watch, acerca de las violaciones a Derechos Humanos ocurridas durante el Estallido Social, 26 de Noviembre 2019

“¿Te acuerdas cuando tenías 6 años? Hoy te están haciendo lo mismo. obligándote a que te tragues una nueva Constitución que no te va a hacer bien. Los mismos que te dijeron que venía la Alegría, 30 años después te contaron que llegaban tiempos mejores ¿Les vas a creer a los mismos que te mintieron toda la vida?”.

José Antonio Kast (PR), presidente Partido Republicano, Campaña del Rechazo, Twitter, 30 de Diciembre 2019

“Cualquier delito de tráfico de armas o de este nivel obviamente que al Gobierno le preocupa enormemente (…) Lamentablemente, en este caso en particular, la información que tenemos es que la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y, por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes, pero por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado con un hecho como este la vamos a utilizar”.

Karla Rubilar, ex ministra vocera de Gobierno, Cooperativa, 20 de Febrero 2020

“Nos encontramos ante un hecho gravísimo, toda vez que estamos ante un delito con altas penas asignadas y que, indudablemente, afecta la seguridad pública, generando en la población, o en un sector importante de ella, el temor de ser víctima de un delito”.

Querella por Ley de Armas del Ministerio del interior, caso AK47, 25 de Febrero 2020

“Felicito a vanguardia, porque estos chicos no rompen, no destruyen, no queman, no agreden… ”

“Excepto la cara de Rafael Cavada, creo que eso está bien golpeada… ”

“No, pero sólo es cuando Uds… a nosotros nos tiraron piedras, yo tengo 2000 amenazas de muerte, me han llamado toda la semana para amenazarme de muerte, hice la denuncia en carabineros, pero todos saben como funciona la justicia en Chile, en Chile no hay justicia, así que obligado a andar con chaleco antibalas y le doy las gracias a sebastián y a todos los chicos de vanguardia y ATP, (...) porque en verdad que hoy día mi vida depende de ellos, gracias chicos, la marcha fue un éxito, voten rechazo, estamos de acuerdo con que suba el sueldo mínimo ahora, ahora, no en 10 años más, estamos de acuerdo con que suban las pensiones ahora, no en 10 años más, pero no queremos cambio de constitución, porque no queremos que Chile se vaya a la mierda”.

Loreto Letelier (UDI), ex candidata a diputada y organizadora marchas rechazo, interrumpida por Sebastián Izquierdo, Líder Capitalismo Revolucionario, tras marcha del rechazo, twitter, 8 de Marzo (8M) 2020

“Si, los vamos a matar a todos. Uds. empezaron una guerra, quemaron medio país, quemaron, no se porque tengo que repetirlo, quemaron 77 estaciones de metro, saquearon más de 2000 establecimientos, quemaron más de 150 supermercados, más de 300 establecimientos de comercios menores, teatros, etc… quemaron, quemaron, quemaron, rompieron, rompieron, rompieron, atacaron edificios del estado, atacaron edificios privados, atacaron nuestra institucionalidad legal, mandaron a 2000 carabineros al hospital, y esos son actos de guerra. Si Ud. quiere armar una guerra, Ud. tiene que estar preparado pa que le respondan la guerra y la respuesta, al menos de Capitalismo Revolucionario sigue siendo la misma. No fue un exabrupto no estaba, en el fragor de la marcha, de la pelea, es lo que pienso de antes y lo voy a seguir diciendo: los vamos a matar a todos, porque no merecen compartir planeta Tierra con el resto de los seres Humanos”.

Sebastián Izquierdo, Líder Capitalismo Revolucionario, twitter, 9 de Marzo 2020

“En el caso de la señora Campillay, de Gustavo Gatica, todos los antecedentes que hemos recopilado por iniciativa propia los hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público, pero no sabemos las circunstancias ¿por qué? Porque hay organismos de Derechos Humanos que le han sugerido a estas personas que no declaren frente a nosotros, entonces frente a eso créame que es muy complejo” (...) “Están identificados los que procedieron, no los que cometieron esa acción. En esos casos están todos identificados los que procedieron en el lugar, y están a disposición del Ministerio Público, son en algunos casos son 20 carabineros, 15 carabineros, todos están identificados y puestos a disposición del Ministerio Público”.

Mario Rozas, general Director de Carabineros, Comisión de DD.HH de la Cámara de Diputados, 12 de Marzo 2020

“Este sr. Sebastián Izquierdo ha hecho una apología de la violencia, ha hecho una defensa de la violencia, incluso ha hecho amenazas e incitación al odio, que nosotros creemos constituyen o podrían llegar a constituir delito. Por eso hemos venido acá, para hacer una muestra clara, de que la UDI, independientemente de donde la violencia se produzca, la está dispuesta a denunciarla y a pedir que se generen las investigaciones necesarias, para poder sancionar a los responsables que incitan al odio y que amenazan a los chilenos”.

Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Senadora y Presidenta UDI, presentación querella contra sebastián izquierdo por incitación al odio, 12 de Marzo 2020

“Como ha ido quedando en evidencia, varias de las acusaciones formuladas contra nuestro personal, no fueron ciertas y, lamentablemente, contribuyeron a exacerbar los ánimos para construir un relato contrario a Carabineros. Como si de un día para otro, los Carabineros, formados para servir a la comunidad, nos hubiésemos transformado en opresores de la sociedad civil”.

Mario Rozas, general Director de Carabineros, 27 de Abril 2020

“Tengo autos con hombres armados, patrullando las calles de Santiago dispuestos a destruir a los que alumbran que viene el segundo estallido social… ¡Pura pera!”

Sebastián Izquierdo, Líder Capitalismo Revolucionario, youtube, 27 de Abril 2020

Campaña del terror, el autoritarismo disfrazado de cruzada democrática

El resultado de la afinidad programática de los sectores más reaccionarios de Chile, es la torpe y evidente campaña mediática del “rechazo” (o campaña del Sí 2.0), que busca empantanar el Proceso Constituyente en ciernes, sembrando el miedo y la confusión.

Sus partidarios, los mismos que por años se han opuesto a modificar la carta nefasta de guzmán y pinochet, hoy llaman a rechazar la creación de una Nueva Constitución pues, según han dicho, quieren “reformar la que ya existe”.

Aquellos que durante décadas han gozado con el autoritarismo patronal, que por medio de la represión estatal subyuga a los “rotos”, los peones descartables que viven en función de la economía, hoy nos llaman con todo descaro a no dejar que nos digan lo que tenemos que hacer.

A través de todos los medios, de los que además son dueños, nos han inundado con mensajes de caos e incertidumbre, amplificados por la crisis sanitaria actual, para justificar medidas dictatoriales de control social, tendientes hacia la tiranía tecno/biométrica, que muchos expertos ya señalan como el futuro postpandemia, y que más parecen aspiraciones pro autoritaristas.

En este ámbito, la propaganda del neoliberalismo, cuyo vehículo es el sistema establecido de comunicación social, juega un rol fundamental para “conducir” a la opinión pública, hacia el esquema mental que el poder promueve, implantando sus ideas en la masa irreflexiva, ignorante y fácilmente manipulable, que según su desdeñoso concepto es la Ciudadanía.

El término “distanciamiento social”, fácilmente reemplazable por “distanciamiento físico”, constituye un claro ejemplo de cómo la “élite” busca encauzar comunicacionalmente nuestro pensamiento en pos de sus fines miserables, pues connota la disminución de las relaciones humanas, y por tanto el abandono de aquellos vínculos que implican el resurgimiento del entramado comunitario de antaño, que el Estallido Social de octubre resucitó con vigor implacable.

Comprendiendo las obvias necesidades sanitarias, la suspensión de aquellas actividades que nos permiten la socialización, en los escasos momentos de ocio con los que contamos, mientras las actividades económicas, incluso aquellas que no son esenciales siguen funcionando, reafirma esta interpretación.

Es decir, nos debemos alejar de nuestros familiares y amigos, pero no de los lugares en los que trabajamos. No podíamos, según nos decían de forma majadera, realizar el Plebiscito de octubre (que ya ha sido confirmado), pero sí viajar amontonados como ganado para ir a producir.

Debido, entre otras muchas cosas, a contradicciones como la anterior, la distancia que actualmente nos aleja del poder, profundizada tras 47 años de atropello e injusticia, a estas alturas ya no sólo es física, si no que también es política e ideológica.

Tanto el bajísimo nivel del debate de las instituciones del estado, como el pobre diseño y ejecución de las iniciativas públicas, tiene su origen en la retrógrada mentalidad de la élite, que además entra en conflicto con la realidad más cruda y descarnada, de lo que significa vivir en un país donde se comercializan incluso los Derechos Humanos más elementales.

Sólo nos basta con el sentido común, que en Chile es el menos común de los sentidos, para descubrir sin mucho esfuerzo que los que pontifican en contra del cambio Constitucional, que según nos han dicho profusamente llevará al país a la ruina total, representan a quienes no quieren pagar impuestos, y creen que la carga fiscal es sólo para los pobres.

Quienes defienden a las AFP, un mecanismo criminal de control social que impone a los trabajadores un tributo forzoso, destinado a financiar a los grandes grupos económicos, a la vez que sume en abyecta miseria a quienes son sus contribuyentes.

Los que abogan por el negocio de algunos, que a la manera de confundidos Robin Hood, al mismo tiempo que hacen gárgaras con la propiedad privada, desfalcan sin pudor los fondos de pensiones, robándose el dinero de los pobres (a través de diversos e intrincados medios) para dárselo a los ricos.

Son los mismos que pregonan que Chile será como Venezuela o Cuba, y que buscan de forma majadera, distraer el foco de lo importante, en base a tonterías y mentiras, tal como ha sido la tónica del gobierno de cierto ex prófugo de la justicia.

La creación de un relato propio de guerra civil, no sólo sigue la misma línea, si no que es además una de las formas de atemorizar a las personas que la cleptómana élite neoliberal promueve más activamente.

Además es la justificación para la violencia institucional y civil, que se ejerce sin miramientos contra quienes se levantan en oposición al sistema socioeconómico cuantitativista, que a través de la fuerza pública y el matonaje callejero, oprime a una sociedad que ya no está dormida.

Los ataques a sitios culturales, de memoria y DDHH y, la vandalización de símbolos del Alzamiento Social, son parte de esta misma estrategia en el ámbito simbólico, y por lo tanto constituyen un conjunto con las agresiones ejercidas contra las personas.

También lo es el planteamiento del disenso y la crítica en términos extremos, una discusión en blanco y negro, que excluye la argumentación, el diálogo y las nuevas formas de abordar los problemas de política pública, en favor de las maneras prepotentes del autoritarismo.

La declaración de guerra del presidente en contra de la Ciudadanía, consistentemente es una muestra de cómo el poder económico, que dirige a los gobernantes de Chile a la sombra de las leyes, desata la brutalidad cívico militar cuando ve amenazado el lucro que por años ha obtenido, a costa de abusar de quienes menos tienen, pero que financian las grandes fortunas con su dinero.

Acciones dignas de patria y libertad, perpetradas tanto por fuerzas especiales de carabineros como por los matones fascistas callejeros, entre otros los de capitalismo revolucionario, que la UDI acogió en su sede y contra los que eventualmente se querellaría (como una forma de mantener las apariencias), han sido el complemento perfecto para la ridícula y apocalíptica alharaca de la “elite intelectual” de la derecha negacionista.

La violencia y el caos, muy convenientes para la mantención del statu quo y el establecimiento de una agenda represiva, son impulsados por medio de la llamada teoría de la “autodefensa”, según la cual quienes se sienten amenazados por las personas que reclaman sus Derechos, deben armarse para defender “lo suyo”, aún cuando esto implique disparar contra quienes marchan con las manos vacías.

Es en este contexto, que las diferencias clasistas de trato, tanto de los organismos de seguridad como del poder judicial, se agudizan, tornando cada vez más evidente, indignante e intolerable la ausencia de justicia e igualdad ante la ley, un principio básico de la democracia que no opera en Chile.

Mientras hoy, incluso en emergencia sanitaria, hay personas que siguen encarceladas por protestar, en toda regla presos políticos; los asesinos, violadores, mutiladores y torturadores de las ffaa y de orden (ejército, armada, fuerza aérea y carabineros), siguen libres y ejerciendo sus funciones habituales como si nada.

Mientras quienes desde la precariedad alzaron la voz contra este sistema cruel, fueron declarados un peligro para la sociedad, y permanecen en prisión preventiva, sin que haya condena en su contra, enfrentando querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado; los que desde el privilegio traficaron armamento de grado militar, sólo fueron procesados por la ley común, sin agravantes y con trato preferencial de parte de la institucionalidad.

El llamado “caso AK 47”, ocurrido a comienzos de 2020, en que un grupo organizado comercializaba estos fusiles de asalto, es uno de los ejemplos recientes más groseros de cómo en Chile, existe una justicia para ricos y otra para pobres. Aunque pareciera estar de sobra, es necesario señalar que si en Chile el porte y tráfico de armas comunes es ilegal, con mayor motivo lo es la compraventa de armamento de guerra.

Nos preguntamos, ¿Cuál podría ser el origen de dicho material bélico?

Sabemos, por supuesto, que no puede conseguirse en los supermercados, ni siquiera en aquellos que se ubican en el barrio alto.

No obstante, el vínculo del pinochetismo y la derecha más recalcitrante, con esta ilegal tendencia a armarse a la usanza militar, parece también relevante a considerar, sobre todo tomando en cuenta la afinidad de este sector con las instituciones armadas, que detentan la exclusividad en el uso de la fuerza pública.

Queda en duda si los beneficios procesales que favorecieron a estos delincuentes VIP, responden sólo al estrato social del que provienen, o buscan también ocultar las conexiones que pudieran tener con las instituciones armadas, que han demostrado tener dificultades para comprender que los recursos públicos no les pertenecen.

Por el contrario, la relación entre los matones callejeros del “rechazo”, que nos recuerdan a los brigadistas de las campañas políticas, y una tienda como la UDI, no es una interrogante.

Su actuar violento y abiertamente delictual, no sólo ha sido contemplado en forma pasiva por fuerzas especiales (ffee) de carabineros, sino que además se ha permitido y alentado impunemente.

“Efectivos”, cuyo proceder cuestionable y escandaloso no es el tema central en ningún matinal, escoltaron en múltiples ocasiones a este grupo de maleantes, mientras atacaban a las personas con sus bastones retráctiles. No es, sin embargo, la primera vez que carabineros resguarda a delincuentes.

Dicho comportamiento no es sorpresivo en absoluto, cuando su origen es una organización terrorista estatal como aquella, que cuenta con una serie de atentados incendiarios, montajes, golpizas, violaciones, torturas, mutilaciones, asesinatos, desfalcos y hurtos simples a su haber.

Una institución que degrada y maltrata a nuestra Gente a diario, al mismo tiempo que vela celosamente por los intereses corporativos y lame con canino instinto la suela del poder, mientras realiza el equivalente institucional de mover la cola a su dueño, comiendo las míseras sobras que desde la abundante mesa, repleta con caviar y paté de jabalí, caen al indigno suelo del clasismo neoliberal.

Una organización, cuyos crímenes de guerra en tiempos de paz constituyen un conjunto detestable, vil, que nos sitúa en la cima de infames récords mundiales, a la vez que amplía el vergonzoso registro histórico del militariado en Chile, responsable de la muerte de más chilenos que cualquier potencia extranjera.

Crímenes irreparables de lesa Humanidad por los que exigimos justicia, por los que esperamos un castigo que vendrá, si no gracias a la justicia chilena, si al sistema penal internacional.

En un contexto tal, el notable abandono de deberes institucionales, consolidado como la manera preferente de manipular a la opinión pública, quiere crear la sensación de ingobernabilidad, para tener una excusa que autorice poderes extraordinarios y discrecionales, que finalmente son origen de los abusos de la autoridad, de manera similar a como lo es un machete en manos de un gorila.

El caos navideño, la falta de medidas para encauzar el tránsito durante el Estallido Social, la nula reposición de semáforos, el caos del cambio de salas en la prueba de selección universitaria, y la filtración de las respuestas, cuya custodia además estaba en manos de la fuerza pública, son sólo algunos ejemplos de cómo la desidia oficial, ha derivado en la gestión deficiente del gobierno, cuya búsqueda mañosa y constante ha sido demostrar, valiéndose para ello de la propia incompetencia, que no contaba con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones.

La meta era sin duda conseguir dichas facultades excepcionales, mientras continuaba llevando a cabo acciones totalitarias, perpetradas impunemente para, según se ha dicho, defender y cuidar la democracia, quebrantando para tal efecto el orden institucional y violando los Derechos Humanos.

Por supuesto el gobierno es responsable de dichos actos inaceptables, en que la represión tiránica de la disidencia, criminalizada de forma creciente y progresiva gracias al apoyo de la complaciente “oposición”, es sólo una faceta más.

Los personeros de derecha, que se proyectan en sus opositores, los califican de lo que en realidad los define a ellos, violentos, asesinos y golpistas. Cuidemos la democracia, dicen los que querían suspender el plebiscito, para perpetuar un sistema dictatorial.

Piñera, la Moneda a sueldo del mercado

No hay duda de que así como ocurre con los organismos vivos, cuando existe muerte cerebral, el cuerpo no funciona como debería. Tal es el caso del gobierno de Chile, que ha arrastrado al país al abismo, con tal de defender las utilidades de los grandes “capitalistas”.

Dicho comportamiento, ideológicamente normado por el “pensamiento” neoliberal, se hace evidente en tiempos de crisis, en que los conflictos de interés y la incestuosa relación entre política y negocios resultan mucho más visibles.

Aquello se ha manifestado en la continuidad de la situación social, política y económica, que Chile arrastra tortuosamente desde la dictadura, hasta el presente.

Repetida hasta la saciedad, como un mantra, la frase “hay que separar la economía de las violaciones a los Derechos Humanos”, es una constante, pese a que el establecimiento de las bases del llamado “milagro chileno”, no habría sido posible en un contexto democrático.

El gobierno, consistentemente, ha actuado con cada vez más descaro y alevosía, ya ni siquiera preocupado de mantener las apariencias.

La brutal represión del Movimiento Social, con métodos propios de los totalitarismos más nefastos, es una muestra más de que el experimento neoliberal chileno es antidemocrático y siempre lo fue, pese a que la propaganda de sus beneficiarios haya querido sostener lo contrario.

Aún peor, el sistema impuesto a nuestro país ni siquiera puede ser considerado capitalista, toda vez que para que así fuera tendría que existir libre competencia, equilibrio entre el poder económico y la sociedad (representada por trabajadores, consumidores y organizaciones sociales), libertad de información y de prensa, regulación de la economía y fiscalización de sus actores, además de redistribución de los ingresos públicos, todas condiciones que en definitiva requieren que el estado exista más allá de lo nominal.

El oficialismo al pretender sustentar el poder de la élite en la violencia, la crueldad y el terror, ha revelado de esta manera que estos representan los únicos recursos a los que la derecha puede acceder, carente de un nivel cultural, de civilidad y de sentido crítico, suficientes para sobrepasar la brutalidad, la visceralidad y la prepotencia.

Según parece, esta forma de actuar deriva de la interpretación literal de “El Príncipe” (tratado de Maquiavelo), que reafirma los valores feudales más absolutistas del latifundismo patronal contemporáneo, que no sólo están presentes en el gobierno, sino también en los círculos del poder económico.

Operando como complemento de esta visión, el conveniente ideal portaliano ha servido por largos años para justificar el autoritarismo de la élite, con la excusa de que el pueblo no está capacitado para ejercer los Derechos y deberes propios de la democracia, a causa de su “falta de virtud”.

Pese a ello, la ausencia de impersonalidad y probidad del oficialismo, sumados al nepotismo y los flagrantes conflictos de interés, han puesto en entredicho incluso esta monolítica y paternalista forma de entender el poder estatal.

Bruto, ciego y sordo, pero lamentablemente mudo no, la única respuesta del incompetente sebastián piñera, ha sido negarse a escuchar las legítimas demandas de la población, derivando el conflicto social hacia una agenda de seguridad, que criminaliza Derechos políticos elementales, como la manifestación y la reunión.

Su falta de voluntad para solucionar los “problemas reales de la gente”, en claro abandono de sus funciones, contrasta con la diligencia con la que ha impulsado reformas legales autoritarias y represivas, conjuntamente con la compra de nuevo material para reprimir a la población.

Considerado por la mayoría como el peor de la historia, su pésimo mandato, que en octubre contaba con una mísera aprobación de 6% (que probablemente ya haya alcanzado cifras negativas) y una estratosférica desaprobación (que se empina como la curva del covid), ha hecho gala de una impactante capacidad para indignar a todo el país.

Es en este contexto que el presidente, símbolo del corrupto modelo socioeconómico que nos rige, al ser puesto en evidencia respecto de su actuar reñido con la legalidad, por decirlo eufemísticamente, ha criminalizado como represalia a todos quienes se han manifestado en su contra, por ende en contra del modelo.

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reinadecorazones-online2019-blog · 4 years

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Lanzamiento: 2019-03-27 Duración: 127 minutos Género: Drama Estrellas: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper, Frederikke Dahl Hansen, Preben Kristensen Director: Rene Ezra, May el-Toukhy, May el-Toukhy, Caroline Blanco, Maren Louise Käehne

SINOPSIS & INFO Annie es una exitosa abogada que vive en una casa de estilo modernista con sus dos hijas y su marido Peter, un reputado físico. La aparición de Gustav, un hijo que pertenece a una relación previa de Peter, pone patas arriba la armonía que reina en la vida de Annie. Lo que en un principio parece ser un movimiento liberador para ella, pronto se convierte en una historia de poder y traición que tendrá consecuencias devastadoras en su vida. ‘Reina de corazones’ es un drama post apocalíptico escrito por Jason Rothenberg (Body Politic), basado en los libros de Kass Morgan. La historia está centrada en lo que ocurre con la civilización casi cien años después de que una guerra nuclear la haya devastado. Después de que ocurriese esa catastrófica guerra nuclear, se produjo una huida de los humanos que consiguieron sobrevivir. El futuro de la supervivencia de la raza humana está en manos de unos jóvenes delincuentes que consiguieron huir y salvarse de la guerra. Éstos viven desde entonces en una nave espacial. Desde la estación espacial The Ark, cien de los supervivientes son enviados de vuelta al planeta tierra para investigarlo y poder estudiar las posibilidades que existen de volver a colonizar la tierra.

La serie de CW está protagonizada por Eliza Taylor ('Patrick’), Marie Avgeropoulos ('Sensación de vivir: la nueva generación’), Thomas McDonell ('El reino prohibido’), Bobby Morley ('Road Train’), Eli Goree ('Sobrenatural’), Christopher Larkin ('A very Natural Thing’) y Devon Bostick ('Small Time’), entre otros.

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enterateconlesly · 2 years

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CIDH publica el informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile

Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Situación de Derechos Humanos en Chile” sobre la visita in loco, realizada del 25 al 31 de enero de 2020, con el propósito de conocer las causas subyacentes y las consecuencias de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019. En el informe se analiza la institucionalidad democrática vigente;…

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kiro-anarka · 4 years

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La pandemia de COVID-19 está causando estragos en Chile a una velocidad sin precedentes. Hay más de 300.000 casos confirmados y tiene una de las tasas de infección per capita más altas, 13.000 casos por cada millón de personas. La economía está experimentando las graves repercusiones de las restricciones provocadas por la COVID-19 y un indicador de ello es la históricamente alta tasa nacional de paro del 11.2 % . Las y los chilenos han tomado las calles para protestar por el mal funcionamiento del gobierno de derecha del multimillonario presidente Sebastian Pinera y las fuerzas de policía han respondido agresivamente matando a tiros a un joven manifestante.

En medio del caos provocado por el coronavirus el sector del litio chileno está preparado para expandirse económicamente ya que se prevé un aumento de demanda. Albemarle, una corporación con sede en Carolina del Norte y una de las dos empresas que extraen litio del Salar de Atacama junto con la Sociedad Química y Minera (SQM), afirmó que “la actual caída de los precios asegura un próximo déficit de oferta, sobre todo debido a que la crisis retrasa los proyectos de expansión”. TDK, una multinacional japonesa de empresas electrónicas y gigante de las baterías, predice que el mercado global va a ser testigo un auge de la demanda de litio. El director general de la empresa Shigenao Ishiguro declaró en una entrevista que la “transformación digital es una enorme oportunidad para nosotros y no tenemos duda de que el coronavirus llevará al mundo a ir en esa dirección a un ritmo más rápido”.

A pesar de la pandemia de COVID-19 se espera que el mercado de las baterías crezca “a una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 7 % durante 2019-2024. Se prevé que el mercado de cátodos para baterías de iones de litio, la batería recargable de coches más común, pase de 7.000 millones de dólares en 2018 a 58.800 millones de dólares en 2024”. Según Bloomberg, la pandemia puede ser una oportunidad para el mercado del lito “con al menos algunos gobiernos, incluidos los de Alemania y Francia, que utilicen los fondos destinados a la recuperación del virus a ayudar a acelerar una transición desde motores de combustión interna a alternativas alimentadas por baterías. Francia ofrecerá unos 8.000 millones de euros (9.000 millones de dólares) a su sector del automóvil para fomentar el apoyo a los vehículos eléctricos; el paquete de estímulo de Alemania incluye unos 5.600 millones de euros para el sector y requerirá que las gasolineras instalen unidades de carga”.

Una probable intensificación de la explotación del litio en Chile no augura nada bueno para la clase obrera ni para las innumerables comunidades indígenas como los atacameños, licanantay, colla, aymara y quechua que viven en el desierto de Atacama. La manifestación más reciente de las prácticas de explotación de las empresas mineras de litio ha sido el mantenimiento de la “continuidad operacional” para lograr un impacto mínimo en la producción. Esto se traduce básicamente en una política de maximización de los beneficios, brutalmente indiferente a las condiciones existenciales de las personas trabajadoras. En la región minera de litio de Antofagasta el índice de casos positivos de coronavirus fue un descomunal 46.1 %. Además de esta pura imposición de la violencia necropolítica a la clase obrera, el pueblo indígena también se tambalea bajo las presiones de la extracción de litio en forma de una crisis de agua. Aunque se ha dedicado especial atención a los problemas de escasez de agua en las zonas urbanas, es importante recordar que las comunidades indígenas que viven en el Salar de Atacama también se enfrentan a una grave escasez de agua provocada artificialmente por las operaciones de [extracción de] litio. En esta región minera las actividades relacionadas con la extracción de litio han consumido el 65 % del agua, uno de los muchos daños medioambientales que sufre el ecosistema del desierto de Atacama debido al imperialismo del litio que actúa sin trabas.

En vez de considerar un fenómeno aislado la constante presión a la que se somete a la clase obrera y a las comunidades indígenas de Chile hay que contextualizarlo en la estructura global del imperialismo del litio. El imperialismo del litio se instaló como una fracción del capital global y de la producción de productos básicos primarios debido a dos acontecimientos importantes: la mina planetaria y el extractivismo verde. En primer lugar, la mina planetaria, como afirmó Martin Arboleda, “designa un terreno intrincado en el que coexisten las vallas, los muros y las fronteras militarizadas con extensas cadenas de suministro y complejas infraestructuras de conectividad”. Esto denota el establecimiento de un exoesqueleto económico extractivo a escala planetaria por medio del uso simultáneo de técnicas violentas y militarizadas de opresión y control.

En segundo lugar, el extractivismo verde se refiere a “la subordinación de los derechos humanos y los ecosistemas a la extracción sin fin en nombre de «solucionar» del cambio climático”. El litio funciona como una importante modalidad para sustituir el extractivismo de combustibles fósiles por el extractivismo ecológico y mantener constantemente un sistema implacable de mercantilización. En vez de “abordar la hinchazón sistémica de las economías del Norte y las excesivas exigencias de los recursos del mundo que supone”, el extractivismo verde del litio permite a los capitalistas estabilizar la desigual arquitectura imperialista entre los países centrales y periférico. Por ejemplo, Tesla utiliza el discurso de los vehículos electrónicos para encubrir su matanza capitalista de América Latina con las apariencia cosmética de cambio climático.

El imperialismo del litio indica la amalgama cohesiva de la minería planetaria con un discurso de extractivismo encubierto del cambio climático. La fusión de estas dos estrategias diferentes inicia un reinado de hiperexplotación, extracción, violencia y desposesión en nombre del cambio climático. Pero el bombo propagandístico de una transición energética que en realidad se alimenta del cuerpo de las personas trabajadoras oprimidas del Sur Global ensombrece sórdidamente esta opresiva parte más baja del negocio del litio. Por consiguiente, el imperialismo del litio implica la perpetuación de las relaciones núcleo-periferia bajo el régimen discursivo del cambio climático.

Chile es una víctima del imperialismo del litio contemporáneo debido a sus vastas reservas de litio. Este país cuenta con un 48 % de las reservas totales de litio del mundo, lo que equivale a 7.5 millones de toneladas, de las cuales 6 millones de toneladas están en el Salar de Atacama. Chile forma parte de la zona rica en litio que la burguesía ha bautizado y mercantilizado como el “Triángulo de litio”, que está formado por el norte de Chile, el norte de Argentina y el sur de Bolivia, y contiene un 70 % de los depósitos de salmueras de litio del mundo. Aparte de la abundancia de litio, Chile también es atractivo para los neoconquistadores del litio “debido a que cuesta entre 2.000 y 3.800 dólares por tonelada extraer el litio de la salmuera, frente a los entre 4.000 y 6.000 dólares por tonelada que cuesta en Australia, donde el litio se extrae de la roca”. El costo de capital para la exploración y la construcción es menor en la extracción de salmuera que en la de roca dura debido a las diferentes ubicaciones de los lagos de salmuera y de las reservas de litio de roca dura: “Un proyecto de [extracción de] roca dura en un lugar montañoso remoto con acceso limitado a la infraestructura de transporte y de energía requerirá mucho más dinero en el presupuesto de exploración que un salar en terreno llano […] con carreteras mineras bien establecidas y conexión a la red eléctrica”. Por lo que se refiere a la calidad el Salar de Atacama “tiene las reservas de litio de mejor calidad en términos de concentración de litio a potasio, así como una baja proporción de magnesio a litio”.

Los depósitos de salmuera de litio de bajo costo y alta calidad han supuesto la perdición para la población indígena que vive en el Salar de Atacama. Aunque para los capitalistas la extracción de salmuera de litio es viable económicamente, tiene unos efectos nocivos respecto a la disponibilidad de agua y, por lo tanto, es perjudicial para el metabolismo social de las comunidades indígenas. En la extracción de salmuera de litio “se pierde por evaporación hasta el 95 % del agua salada extraída y no se recupera”. Además, para extraer una tonelada de litio de la salmuera se necesitan 500.000 galones de agua. Se han concedido licencias a las dos empresas que operan en el Salar de Atacama, Albemarle y SQM, “para extraer casi 2.000 litros de salmuera por segundo”. Además del agua salada las empresas mineras “necesitan agua dulce para limpiar la maquinaria y las tuberías, y también para producir un producto auxiliar de la salmuera (potasa) que se utiliza como fertilizante”. Un indicador del uso de agua dulce que hacen las empresas mineras es el hecho de que entre 2000 y 2015 la cantidad de agua que se extrajo de Atacama fue un 21 % mayor que el flujo de agua a esa zona.

Según un informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, “el mayor impacto socioambiental de la minería de litio radica en el gasto indiscriminado de agua para la evaporación de las salmueras y la producción de las faenas necesarias. Teniendo en cuenta que el Salar de Atacama se encuentra en una de las regiones de mayor aridez del mundo, en el desierto de Atacama la extracción a gran escala de agua y el procesamiento básico de las salmueras de litio generan graves daños a los frágiles ecosistemas que dependen de esas fuentes”. En el mismo informe se señala que “las comunidades originarias de los salares altoandinos sufren graves daños ambientales por la extracción indiscriminada y escasamente controlada desde los depósitos hidrosalinos de los salares, lo que refuerza así su histórico lugar de marginación, explotación y subordinación”.

Esto indica que la escasez de agua no es un fenómeno localizado, limitado a un mero agotamiento de los niveles de agua, sino que la escasez de agua contribuye a un empobrecimiento generalizado de los pueblos indígenas y degrada drásticamente su vida cotidiana. El deterioro de las condiciones de vida se produce, entre otras cosas, por la degradación del suelo y de las cubiertas vegetales. En la región de Atacama las colectividades indígenas cultivan quinua y cuidan llamas. Para que las plantas de quinua crezcan se necesita un suelo uniformemente húmedo y para el cuidado de las llamas se necesita una cubierta vegetal adecuada de la que puedan alimentarse. Pero la actividad con litio ha socavado ambas condiciones previas y la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad del Estado de Arizona informa de que “se ha descubierto que ampliar la superficie de extracción de salmuera de litio un kilómetro cuadrado supone una disminución significativa del nivel medio de vegetación y de humedad del suelo”.

Mediante la desorganización deliberada de las configuraciones ocupacionales tradicionales las empresas de litio pueden colonizar culturalmente y proletarizar las prácticas espirituales y agropastorales de las comunidades indígenas. En las cadenas de valor internacionales del litio se oculta cruelmente el sometimiento total de los pueblos indígenas a las deformadas lógicas de la movilidad electrónica y, como afirma el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, “la incesante producción de aparatos electrónicos desechables y el creciente mercado de autos eléctricos para la transición energética de los países del Norte Global […] se está transformando hoy en la principal amenaza para la subsistencia de cualquier forma de vida en las cuencas que albergan estos depósitos mineros [de litio]”.

La población indígena chilena no ha consentido las operaciones económicamente destructivas y culturalmente catastróficas de las empresas mineras y han reaccionado firmemente contra el imperialismo del litio. En 2019 protestó contra los mecanismos de extracción de salmuera de litio que requieren un uso intensivo de agua y, paradójicamente, el Estado respondió acusando a algunas comunidades de “robar agua”. El desencadenante inicial de las protestas fueron los poco limpios acuerdos de SQM según los cuales “la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile firmó un contrato con SQM que le permitía triplicar la extracción de litio en los años siguientes y prolongar hasta 2030 su acceso a la minería en el Atacama”. El hecho de triplicar la extracción de litio hasta 2030 aumentó la cuota de extracción de litio de SQM a 350.000 toneladas. No es totalmente casual que un mes después del acuerdo Eduardo Bitran, presidente de CORFO, se reuniera con Tesla para proponerle “un proyecto según el cual SQM proveería salmuera, la materia prima con la que se produce el litio, al fabricante de automóviles para refinarlo en Chile como el componente de baterías, el hidróxido de litio”.

Los pueblos indígenas protestaron para mostrar su oposición a este intrincado complejo de imperialismo del litio. Estas protestas se sincronizaron fácilmente con las más amplias protestas antineoliberales que se produjeron en Chile y fomentaron la alianza entre la clase obrera u la población indígena. Pero este movimiento de la clase trabajadora y de las personas indígenas fue pronto suprimido por el Estado chileno que, con el fin de estabilizar el neoliberalismo y el imperialismo del litio, reprimió las protestas por medio de detenciones rápidas, la declaración del estado de emergencia y el despliegue de más de 9.000 soldados. Gracias a la protección que le proporcionó el Estado el director general de SQM, Ricardo Ramos, pudo afirmar que las protestas no “serán un problema fundamental para nuestros objetivos empresariales a medio y largo plazo”. Además añadió que “a pesar de la situación en Chile vamos a entregar nuestros productos a nuestros clientes según nuestras previsiones anteriores”. De las declaraciones de Ramos inferimos que existe un acuerdo estructural para consolidar el imperialismo del litio: empresas como SQM explotan económicamente y hegemonizan culturalmente las zonas ricas en litio; la población indígena se enfrenta combativamente a los mecanismos depredadores de estas empresas; el Estado chileno interviene finalmente para regularizar las operaciones mineras mediante la desactivación violenta de las protestas.

Aunque puede parecer que las protestas de 2019 contra la extracción de litio fueron una erupción espontánea de ira, debemos examinar brevemente los antecedentes históricos contra los que tuvo lugar. Aparte de firmar un acuerdo sospechoso sin consulta alguna, “se ha investigado a SQM debido a varios casos de evasión de impuestos, lavado de dinero y financiación ilegal de campañas. En un gran escándalo público en 2014 se descubrió que políticos de todo el espectro habían recibido grandes cantidades de dinero para velar por los intereses de la empresa”. SQM también tiene el dudoso honor de haber causado importantes conflictos y, por ejemplo, en 2007 hubo un enfrentamiento entre la empresa y la comunidad de Toconao debido a que esta empresa había aumentado de la extracción de agua de pozos no autorizados y contaminado las fuentes de agua al descargar aguas residuales. También Albemarle también ha ido avanzando hacia un imperialismo del litio sin lucha de clases y en 2017 CORFO modificó el acuerdo de la corporación de modo que Albemarle obtuvo “litio suficiente para producir más de 80.000 toneladas anuales de sales de litio técnicas y de grado de batería durante los próximos 27 años en sus instalaciones de fabricación de baterías en expansión en La Negra, Antofagasta”.

El rápido aumento de la producción de litio por parte de dos empresas en Chile ha beneficiado a importantes empresas electrónicas como Samsung, Apple y Panasonic. En el sector automovilístico Toyota, General Motors, Tesla, Volkswagen y BMW son algunas de las empresas que están obteniendo ventajas económicas de las fuentes de litio de Chile. Las figuras 1 y 2 muestran el circuito múltiple y laberíntico del litio en el mercado internacional. Para saciar la ávida sed de litio que tienen diferentes empresas ha habido un aumento global de la producción y la expansión contemporanea de la producción chilena de litio respecto a su producción mundial indica el papel que desempeña Chile en saciar el hambre de litio de la “fiebre del oro blanco”: “El valor de la producción chilena de carbonato de litio aumentó a 200 millones de dólares en 2007, a 500 millones de dólares en 2012 y a más de 800 millones de dólares en 2017. Superó los 1.000 millones de dólares en 2018. Hubo un aumento paralelo del valor de la producción mundial de litio de primera etapa, que alcanzó los 484 millones de dólares en 2007, 998 millones de dólares en 2013 y 2865 millones de dólares en 2017”

Dado que se espera que la demanda de litio aumente en el mercado global, la población indígena y la clase trabajadora pueden empezar a tener importantes dificultades para subsistir a medida que se erradican los ecosistemas indígenas y aumenta sin piedad la productividad laboral. Durante la XI Conferencia de Suministro y Mercados de Litio de Fastmarkets en Santiago, “los productores Albemarle, SQM y Tianqi [que tienen una participación del 23.77% en SQM] […] coincidieron en que la flexibilidad en la producción sigue siendo vital para hacer frente a los diferentes retos industriales y tecnológicos”. Era una manera coloquial de decir que los trabajadores deben estar dispuestos a ser explotados, expulsados y denigrados como meras mercancías. Se van a deteriorar las condiciones económicas de la población indígena de Chile mientras en el Norte Global se produce la transición energética y los magníficos vehículos Tesla funcionan silenciosamente con sus baterías de litio manchadas de sangre.

Tenemos que recordar que esta distopía de valores de empresa que obtienen de forma parásita el litio de las venas abiertas de Chile es evitable y, como dijo Thea Riofrancos, “un mundo en el que bullen cientos de millones de Teslas (o peor, e-Escaladas) elaborados con materiales extraídos ávidamente sin el consentimiento de las comunidades locales, fabricados en un régimen laboral represivo en fábricas contaminantes, en otras palabras, un mundo no muy distinto del nuestro, pero alimentado por el viento y el sol, no es una realidad inevitable”. Para alejarnos de este imperialismo del litio debemos escuchar las voces silenciadas del Sur Global. Un modelo económico ecológico basado en los cimientos antiimperialistas del Sur Global es radicalmente diferente de los modelos capitalistas de extracción. En vez de conceptualizar una “alternativa de desarrollo”, las masas oprimidas del Sur Global imaginan una “alternativa al desarrollo”. En los intersticios de esta “alternativa al desarrollo” se pueden localizar las semillas de la resistencia al imperialismo del litio.

Fuentes: Dissident Voice, por Yanis Iqbal. https://rebelion.org/los-estragos-de-la-extraccion-de-litio-en-chile/

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defendiendoddhh · 4 years

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🚨 *Campaña: Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela / 13 de abril* Estimadxs amigxs: *Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Amnistía Internacional, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Dale Letra, International Service for Human Rights, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Civilis Derechos Humanos y Alerta Venezuela* nos hemos unido en una campaña para dar a conocer el mandato y funcionamiento de la *Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM)* y la posibilidad de que la sociedad civil, víctimas y familiares, envíen información relevante para que la Misión evalúe presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014 con miras a la elaboración de su informe. *Estaremos publicando en Twitter el día lunes 13 de abril en dos horarios: de 10:00 AM a 1:00 PM y de 6:00 a 9:00 PM* Gracias por el apoyo 📌 *Mensajes* Hilo ¿Qué es la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela? Es un mecanismo de Naciones Unidas creado para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país desde 2014 #ResponsabilidadyJusticia https://bit.ly/34ufPpH La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela fue creada mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 27 de septiembre de 2019 #ResponsabilidadyJusticia https://bit.ly/2JW2WLl (Con Imagen 1) ¿Quiénes son los expertos independientes que integran la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela? Marta Valiñas (Portugal-Pesidenta), Francisco Cox (Chile) y Paul Seils (Reino Unido) #ResponsabilidadyJusticia https://bit.ly/34weGhp La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela realiza sus operaciones técnicas desde Panamá y presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos durante el 45º periodo de sesion https://www.instagram.com/p/B-7O09bAHpe/?igshid=gj4bd31tz7h

#venezuela #responsabilidadyjusticia

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jccamus · 4 years

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[DESCARGA] Informe "Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile durante el estallido social" - Fundación Datos Protegidos

[DESCARGA] Informe "Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile durante el estallido social" - Fundación Datos Protegidos https://ift.tt/2TN0gG6

Hoy martes 21 de enero se realizó la presentación del informe “Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile” realizado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos, con la colaboración de académicas integrantes del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Este documento recopila casos relacionados a vulneraciones a la libertad de expresión contra periodistas, comunicadores/as y fotógrafos/as durante el 18 de octubre al 22 de noviembre de 2019 tanto en la Región Metropolitana como en el resto del país.

Las vulneraciones detectadas por el informe fueron las siguientes:

1. Obstrucción en el acceso a la información pública

a) Falta de transparencia y restricciones de acceso a información sobre detenciones, heridos y violaciones de Derechos Humanos b) Reuniones secretas del Gobierno c) Ausencia de publicación de los decretos de toque de queda d) Conferencias de prensa sin preguntas

2. Filtrado automático y bloqueo de cuentas de redes sociales en Internet

3. Interferencia o presión directa o indirecta sobre medios de comunicación

4. Periodistas despedidos o apartados de sus funciones

5. Cuestionamiento de profesionales y audiencias al tratamiento informativo de los canales de alcance nacional

6. Restricción de tránsito a periodistas en contexto de toque de queda

7. Ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación

8. Restricciones a la libertad de expresión de empleados públicos

9. Aplicación del derecho penal a las opiniones contra representantes del gobierno

10. Seguimiento a comunicadores por parte de servicios de inteligencia

11. Otras situaciones relevantes

Puedes previsualizarlo acá y descargarlo AQUÍ

Informe LibExpChile_CIDH_18oct_22nov(FDP ODC_Chile)(1)

https://ift.tt/3atdwFX via Fundación Datos Protegidos January 22, 2020 at 01:04PM

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claritalunaluna76 · 4 years

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GENEVA (13 December 2019) – The Office of the UN High Commissioner for Human Rights, in a report on Chile published on Friday, says that during the recent mass protests and state of emergency the police and army failed to adhere to international human rights norms and standards relating to management of assemblies and the use of force.

The 30-page report was produced by a UN Human Rights Office team which spent the first three weeks of November researching the situation across seven regions of Chile. It details extensive allegations – including specific examples -- of torture, ill-treatment, rape and other forms of sexual violence by the police against people held in detention, many of whom appear to have been detained arbitrarily. In all, according to official figures, more than 28,000 people were detained between 18 October and 6 December, although the great majority have been released.

The team met with, and received extensive cooperation from, a wide number of local and national authorities.* It also received significant assistance from the National Human Rights Institute and the Office of the Children's Ombudsperson, and met with over 300 members of civil society.

The team carried out 235 interviews with victims of alleged human rights violations – including injured and detained protestors and their family members -- and conducted 60 interviews with police officers, including some of those injured during the protests. It was granted free access to hospitals and health centres, to interview people injured during the demonstrations. It was also given rapid and unhindered access to places of detention, including police stations and prisons, as well as to people deprived of liberty whom it wished to interview in private, and to relevant reports and records.

The report says that information gathered from a variety of sources indicates "the police has regularly failed to distinguish between people demonstrating peacefully and violent protesters."

During its mission, the team documented 113 specific cases of torture and ill-treatment, and 24 cases of sexual violence against women, men and adolescent girls and boys, perpetrated by members of the police and army. It notes that the National Human Rights Institution has filed criminal complaints relating to hundreds more such cases.

The Office of the Public Prosecutor has indicated there are ongoing investigations into 26 deaths that occurred in the context of the protests, and the UN Human Rights Office says it has verified information concerning 11 of those 26 cases. Of these, the report says, four cases involved "arbitrary deprivation of life and other unlawful deaths involving State agents." In two of these cases, it says, "lethal force, in the form of live ammunition, appears to have been used in the absence of any risk to the lives of civilian or military personnel and against people who were not participating in acts of violence. This contravenes international norms and standards on the use of force and may, depending on the circumstances, amount to an extrajudicial execution."

The report cites the Ministry of Justice figure of 4,903 people injured up to 10 December, including 2,792 police officers, but notes other sources suggest higher numbers of injured. It states that there had been "unnecessary and disproportionate use of less-lethal weapons, in particular anti-riot shotguns, during peaceful demonstrations and/or outside the context of violent confrontations between demonstrators and security forces. This has resulted in a high number of people being injured, including passers-by and people who were not committing violent acts but just protesting peacefully."

"The alarmingly high number of persons with injuries to their eyes or faces (approximately 350) provides a strong basis to believe that 'less-lethal weapons' have been used improperly and indiscriminately, against international principles on minimizing the risk of injury," the report says. It notes that while eye injuries mainly resulted from shotgun pellets, some cases were "due to the use of chemical irritants, in particular tear gas and, in some instances, from impacts from tear gas canisters."

The report states that the authorities "had information regarding the extent of the injuries as early as 22 October. However, those responsible failed to adopt effective, prompt and timely measures to end the use of less-lethal weapons, especially anti-riot shotguns using pellets. Prompt action by the relevant authorities could have prevented other people suffering serious injuries." However, the report also notes recent decisions by various courts of appeal around the country which have limited the use of shotguns in peaceful demonstrations, and have also limited or prohibited the use of tear gas in certain circumstances or places (for example, in hospitals).

Among a number of recommendations to the Chilean State, the report recommends it "immediately end the indiscriminate use of anti-riot shotguns to control demonstrations." It also calls for tear gas only to be used "when strictly necessary and never inside education and health establishments," adding that police officers should receive clear instructions on the proper use of tear gas, including by ensuring that tear gas canisters "are always fired at a high angle and never horizontally, according to international standards."

The report notes how "different State institutions have taken measures to ensure investigations of alleged human rights violations; to ensure prompt access to lawyers for detainees; access to services for victims; and to provide comprehensive, regular and accessible information to the public. Rulings have been issued by tribunals to protect those persons exercising their rights, including to peaceful assembly." The National Human Rights Institution and the Ombudsperson for Children's Rights, in particular, "have effectively and in a timely manner carried out their mandate to protect human rights."

The report notes in its conclusions that the demonstrations that have taken place in Chile "have multiple root causes, including social and economic inequality. It says that "the majority of those who have exercised the right to assembly during this period, have done so in a peaceful manner. However, there have been numerous attacks against security forces and their premises. Both during and outside of demonstrations, there was also significant looting and destruction of property."

"There are reasonable grounds to believe that, from 18 October onwards, a high number of serious human rights violations have been committed," it states. "These violations include excessive or unnecessary use of force that led to unlawful killings and injuries, torture and ill-treatment, sexual violence, and arbitrary detentions."

"The management of assemblies by the police has been carried out in a fundamentally repressive manner," the report says, adding that "certain human rights violations, in particular the improper use of less lethal weapons and cases of ill treatment, are recurrent over time and space."

In its report, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights recommends a number of specific measures to rectify police practices, and calls on the Government to "ensure that security forces adopt measures to guarantee accountability for human rights violations, and duly recognize such violations."

"Recognizing and learning from what happened, we should look forward in a constructive way," said UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet. "The report recommends a follow-up mechanism, involving our Santiago-based Regional Office for South America, as well as the active participation of civil society, to evaluate within three months the implementation of the recommendations made in this report, as well as the recommendations from international human rights mechanisms.

"This follow-up mechanism should aim to establish measures to prevent the recurrence of the sad and troubling events that have engulfed Chile over the past two months – especially as protests are continuing in different parts of the country, albeit with less intensity, and we continue to receive allegations of human rights violations. The results of the work of such a mechanism should be made public."

ENDS

*Meetings were held with the Minister of Justice and Human Rights, the Minister of the Interior and Public Security, and representatives from the Ministries for Foreign Affairs, Women's Affairs and Gender Equality, Health, Defence, and regional governors and mayors. The team also met with representatives of the judiciary, the Public Defender's Office, the Public Prosecutor's Office at both national and regional levels, the Forensic Service, the police, and the Prison Guard Service.

To read the full report, please to go:

Spanish: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf

English: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_EN.pdf

To see the video, please go to:

Spanish: https://vimeo.com/379213927/c5c018609e

English: https://vimeo.com/379213332/f7aae4820e

#it's devastating #this is the fourth very damming international report #and nothing is changing #people are still receiving life-threatening injuries #and our goverment solution is renaming our police #un human rights council #onu derechos humanos #informe de derechos humanos chile 2019 #derechos humanos #estallido social #renuncia piñera #chile #important

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rtvnoticiasyemergenciaschile · 4 years

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#RTV_NOTICIAS_CH 🔴 3600 PERSONAS HERIDAS EN CHILE POR ESTALLIDO SOCIAL Nuevo informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), arrojó que desde el 18 de octubre hasta la fecha, 3.600 personas han resultado heridas, 450 con lesiones oculares, 372 con lesión o trauma y 33 con estallido o pérdida. Las cifras fueron recopiladas entre el 17 de octubre de 2019 y el 15 de enero de 2020 directamente por funcionarios mediante observaciones en manifestaciones, comisarías y centros hospitalarios. Se han presentando 1.080 acciones judiciales, de las cuales 770 son querellas por torturas y tratos crueles, 158 por violencia sexual, 81 por violencia innecesaria, 21 por lesiones, 17 por homicidio frustrado y 5 por homicidio, entre otras. https://www.instagram.com/p/B7d6Kl2FJ5V/?igshid=1doj8ob9ajjaq

#rtv_noticias_ch

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rivaeducador · 4 years

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21N, ¿las nuevas generaciones al poder?, una postura para seguir construyendo entre todos una educación para los DDHH

Por Juan Camilo Rivadeneira

Jamás creí, ni si quiera cuando era niño, que Bogotá iba a tener un toque de queda. De ahí que siempre lo pensé como un sueño. Con esas palabras empezamos una larga conversación con mi hermano Andrés, de 40 años, bogotano de pura cepa, respecto a su opinión sobre las marchas juveniles y populares que ha vivido el país, desde el pasado 21 de noviembre o, mejor, desde el histórico #21N.

Casualmente, esos días, totalmente increíbles y de película para los bogotanos, tuve que salir del país para cumplir un encuentro personal con mi ocio, es decir, iniciaron las vacaciones laborales, esas que después de un extenuante año laboral y académico se esfumaron es contados 15 días. Razón por la cual el único medio de comunicación que tuve por esos días fueron redes sociales inundadas por multitudinarias movilizaciones, supuestos vándalos que irrumpían en los conjuntos residenciales capitalinos, cacerolazos, al mejor estilo argentino, y selfies, muchas selfies marchando. Todo sin dejar de mencionar la trágica muerte de Dilan Cruz y el caso de estupidez humana de la youtuber “Epa Colombia”.

Ahí pensé que, generacionalmente, el fenómeno de la protestas, de la revolución, está marcado por dinámicas totalmente diferentes que motivaron en su tiempo a los Silent, los Baby boom, workaholics, entre otras, a salir a las callas a defender lo suyo, lo nuestro, y que merecía ser investigado respecto a diferentes referentes conceptuales y teóricos que ayuden a entender este, por qué no, escenario político y de nuevas ciudadanías que están afrontando las principales ciudades capitales del país.

Entonces, se estudiarán una serie de acontecimientos precisos de esta coyuntura social junto con las principales conceptualizaciones que se han hecho, hasta el momento, de las generaciones que más han motivado estas protestas, es decir, millennials y centennials, un hecho histórico que, sin duda, va a macar a estas generaciones en Colombia y a nivel mundial, pues se ha visto a miles de ciudadanos colmando las principales plazas públicas en varios países, como Chile, Bolivia, Francia, Japón, entre otros.

Respecto a esta última generación, un informe de Sparks & Honey (s.f.), una agencia de publicidad de Estados Unidos, describe esta generación como “la primera tribu de los verdaderos nativos digitales” o “Screenagers”. Pero, a diferencia de la anterior generación Y, estos son más inteligentes, más seguros, más maduros y quieren cambiar el mundo. encontramos varias diferencias debido a la generación, ya que los Screenagers expresaron nuevamente que utilizaban el correo electrónico con menos frecuencia (31%), buscaban menos empleos y negocios (6%), veían menos noticias (38%), buscaban menos temas como la cocina, la decoración y la moda (24%) y hacían menos servicio al cliente (4%). En cambio, este grupo mencionó Jugar con más frecuencia (53%). (Silvestre, 2016)

De todo esto se debe resaltar que un punto importante es el papel protagónico que ha tenido el discurso de los derechos humanos (DDHH) en la discusión social y en la opinión pública de este fenómeno. Aunque, lamentablemente, poco o nada se ha dicho que lo que verdaderamente está en tela de juicio es su protección, garantía y promoción, cambiándose por una crítica acérrima al “uribismo”. Tan importante es la educación para los DDHH en estos momentos, que todo este fenómeno político hubiese tenido diferentes matices, para construir un verdadero dialogo de saberes social, cultural, político y jurídico.

El jurista Nicolás Parra, en un reciente artículo, citó al profesor Jorge González Jácome, y sostuvo que las manifestaciones del 21N son expresiones de un pasado histórico, por lo cual recomendó el libro de Jorge González Jácome Revolución, democracia y paz: trayectorias de los DDHH en Colombia 1973-1985 (Tirant lo Blanch-Uniandes, 2019).

Sus últimas frases resuenan hoy con necesidad urgente: “Al momento de escribir estas líneas hay temores de que está ocurriendo algo similar a lo que sucedió con la UP en las décadas de los 1980 y 1990. La muerte de los denominados “líderes sociales” en Colombia, luego de la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016 aumenta día a día”. Parra continúa con una frase profunda y reveladora que adquiere varios matices a partir de lo que está ocurriendo: “debemos desprendernos de los mitos que romantizan y purifican el activismo y de aquellos que lo conectan irremediablemente con la subversión. La construcción de una política que se distancie de la aniquilación pasa por la superación de marcos analíticos binarios que radicalizan el discurso que moviliza nuestra acción” (Parra , 2019) .

Parece así que estas generaciones viven, a su modo, el discurso preponderante de los DDHH, aunque sin titularlo taxativamente de esta manera, encontrando en este una manera de comunicación, de expresión, de reivindicación. Hay que estudiar si estas luchas y protestas son verdaderamente genuinas, que no descansan, o solamente consisten, en un punto, por el fenómeno posmoderno de “siempre quedar bien”, maximizado por el papel que juegan en la actualidad las redes sociales y las plataformas digitales.

Las nuevas generaciones crecen en un ambiente donde la diferencia se aplaude, y los estereotipos frente a la diversidad de género se rompen día a día. Por esta razón, consideran entre sus principios la importancia de la igualdad y la inclusión. Sus concepciones frente a lo que “deben” ser los hombres versus las mujeres están en constante cambio, y se atreven a romper con estas reglas sociales (Arango Lozano, 2019).

Y es que la mayoría de las peticiones que se han escuchado en las multitudinarias marchas se resumen en cuatro reclamos generalizados en contra del Gobierno del Presidente Iván Duque; corrupción; desigualdad social; apoyo a la educación pública y las arbitrariedades de la fuerza pública, entre otros. Pareciera, o es mi percepción, que se estaría endilgando toda la responsabilidad a Duque y, en este punto me cuestiono, ¿estas problemáticas no tienen más de 200 años?, ¿no fueron estas las mismas causas que motivaron el paro cívico nacional del 77 y solo hasta, este momento preciso, se quieren retomar?

Así se confirma que, el activismo político, a través de la tecnología, también llama la atención de esta generación, “Plataformas como Change.org con millones de usuarios registrados, muchos de ellos pertenecientes a la generación millennials, y miles de campañas creadas muestran las posibilidades de la tecnología como instrumento para el activismo político. Detrás de cada de las campañas creadas se encuentra la fuerza de un usuario, o de un grupo, que ha iniciado una petición. La suma de adhesiones genera poder ciudadano y posibilita que muchas peticiones se conviertan en pequeñas-grandes victorias. Es el reencuentro de un “nosotros” desde la nueva individualidad comprometida y consciente” (Martín & Rubio, 2015)

A esto me refiero, a que los DDHH han estado adormecidos de generación en generación, no se trata de un mal año de gobierno, de improvisaciones y de banderas delegadas como se ha pretendido ver solamente esta realidad política, sino de décadas de indiferencia humanista, porque no nos digamos mentiras, una cosa es el discurso revolucionario, en el que todos quedamos bien y otro, muy distinto, es el de llevarlo a la realidad.

Aunque en esta dimensión no se logra encontrar información que permita caracterizar esta generación y poderla comparar mundialmente, se alcanza a evidenciar que los autores la describen como socialmente consciente y responsable, participante activa en temas de política y diversidad, y en la búsqueda de igualdad y derechos humanos. Además, unos autores, como Alarcón y Larraz (2015), Anderson et al. (2017), Bolton et al. (2013) y Carvallo (2014), describen a sus miembros de manera no tan positiva, como narcisistas, individualistas, egocéntricos y poco altruistas, mientras otros, como Hernaus y Pološki Vokic (2014), Brack (2012), Madland y Teixeira (2009), y Graybill (2014), por el contrario, caracterizan a esta generación, en la dimensión social, como liberales y de mente abierta, socialmente conscientes y responsables, y señalan que son personas que piensan y protegen el medio ambiente (Gutiérrez Concha, Posada Márquez, & Gonzales-Miranda, 2018).

De ahí que para seguir un intento de reforma estructural en el proyecto Nación de todos los colombianos, si es que alguna vez lo tuvimos, no basta, solamente, en repensar este paro nacional como la oportunidad para mostrarse contestatario a través de una foto en una red social o de criticar a ultranza cualquier proyecto de ley del gobierno de turno o en desconocer que esto no es de izquierda o de derecha ni de comunistas o socialistas, sino, solamente, de que se cumpla nuestra Carta Política de 1991 y ser mínimamente cívicos.

“Los Millennials fueron marcados por eventos como el ataque del 11 de septiembre al World Trade Center, la popularidad de google, youtube, wikipedia, redes sociales como facebook y twitter, entre otras, la guerra de Irak y de Afghanistan, el Tsunami de Asia, la recesión del 2008. Este grupo generacional ciertamente disfrutó, y disfrutan, de las bondades de las conquistas de la anterior generación, pero con ellos surgieron también nuevas ideas, otras maneras de hacer las cosas. La Generación Y tiene un pensamiento y actuación diferente, es por esto que ha suscitado tanto interés entre las empresas e investigadores de la actualidad. Estos quieren cambiar el mundo, ser más correctos,más honestos” ( Díaz Sarmiento & Roncallo Lafont , 2017)

Esto se puede argumentar en la opinión generalizada de muchos manifestantes, que, en algunos casos, están poco o nada informados de sus luchas, generaciones que forman su opinión respecto a las tendencias de su red social favorita. Por ejemplo, el proyecto de ley Andrés Felipe Arias, si bien es totalmente cuestionable, reprochable y desacertado este nombre para bautizar esta iniciativa, se desconoce que este proyecto es un exhorto de la misma Corte Constitucional y de organismo internacionales para legislar a cerca de un derecho humano que deben gozar los aforados constitucionales, es decir, el debido proceso y la garantía de la doble instancia, pasando lo mismo por la reforma tributaria, que si bien tiene una serie de “micos”, en alguno casos se hace necesario como fuente de financiación para un sin número de huecos fiscales que tienen en jaque los números de la Nación.

Algunos expertos aseguran que, debido a la generalización de los mensajes cortos y que los dispositivos digitales, se han convertido en el medio de relación social por excelencia, las nuevas promociones de estudiantes tienen más dificultades para hablar en público y redactar textos complejos, así como para mantenerse concentrados de manera prolongada. Se hace urgente preparar a la Generación Z para una realidad política y laboral que dependerá de su capacidad de trabajar en red, con culturas diferentes y en puestos relacionados con la creatividad y la innovación (Ortega Cachón & Vilanova, 2017).

Así las cosas, se puede concluir que se espera de estas nuevas generaciones que la lucha y la reivindicación de los DDHH y de los pilares de nuestra Carta Magna no sea un tema de indignación que solo pase por sus redes sociales personales, que su opinión pública de cuenta de estudios estructurales, cronológicos y objetivos, mas no de una postura extremista. Pero también de la importancia que tiene en esta coyuntura la educación, porque si tuviéramos verdaderos procesos de pedagogía en DDHH, competencias ciudadanas, democracia, respeto y ética, en la actualidad estaríamos, seguro, en un panorama distinto, ese, que como los primeros filólogos, buscaban ante todo la felicidad absoluta del ser humano.

Ante la teoría de que hoy día las redes sociales e Internet son el mayor vehículo de comunicación existente, sobre todo para los jóvenes; se propuso obtener una aproximación sobre si estas tecnologías, además de utilizarse como fuente de información, también servían como arma contra situaciones de controversia, desigualdad o injusticia, y cuáles eran las plataformas cibernéticas o aplicaciones más utilizadas para ello. Ante un vacío apenas existente de personas que admiten no tener redes sociales de ningún tipo, se alza una mayoría de un 64% –22% “bastante de acuerdo”, 41% “de acuerdo” – que sí usa o ha usado alguna vez estos medios para compartir o publicar algún hecho para protestar, quejarse o desahogarse acerca del mismo (Agüera Sánchez, 2017).

Es imperioso entonces que las nuevas juventudes, además, de indignarse en redes sociales se piensen como verdaderos políticos, que más allá de un meme contra el “uribismo” se vean construyendo con el “otro” un verdadero escenario de posconflicto a favor de la paz y el pro de los DDHH.

Bibliografía

Martín, A., & Rubio , R. (2015). Jóvenes y generación 2020. Revista de Estudios de Juventud, 226.

Díaz Sarmiento, C., & Roncallo Lafont, L. (2017). Entendiendo las generaciones: una revisión del concepto, clasificación y características distintivas de los baby boomers, X y millennials . Clío América, 17.

Arango Lozano, C. Á. (2019). Centennials: generación sin etiquetas. Revista Universidad Jorge Tadeo Lozano, 95.

Ortega Cachón, I., & Vilanova, N. (2017). Genración Z el último salto generacional. Universidad de Deusto, 15.

Silvestre, E. (2016). Conociendo la próxima generación de estudiantes universitarios dominicanos a través de las redes sociales. Ciencia y Sociedad, 56.

Agüera Sánchez, M. (2017). Millennials, la generación indignada. Universidad de Sevilla, 51.

Gutiérrez Concha, C., Posada Márquez, L., & Gonzales-Miranda, D. (2018). Caracterización del comportamiento de los millennials. Universidad EAFIT, 25.

Parra , N. (4 de Diciembre de 2019). Esta columna llega tarde. Ámbito Jurídico, pág. 2.

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noticiaspuntodevista · 4 years

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CONGRESISTAS DE OPOSICIÓN PREPARAN PROYECTO DE LEY PARA EL DESMONTE DEL ESMAD

Artículo tomado de Contagio Radio.

Lunes 9 de diciembre del 2019 - Recientemente Temblores ONG publicó un informe en el que recoge los efectos de las actuaciones desmedidas de Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) a 20 años de su creación y en el marco de este Paro Nacional, organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho eco de este informe, señalando que la actuación de este cuerpo sigue siendo un factor que condiciona el normal desarrollo del derecho a la protesta. Por esa razón, desde el Congreso surge una iniciativa para desmontar el ESMAD, y crear un cuerpo de Policía que garantice el derecho a la manifestación.

¿Por qué desmontar el ESMAD?

En el informe de Temblores se describen el asesinato de, por los menos, 34 personas por armas que usa el ESMAD, incluyendo la del joven Dylan Cruz. Según la organización, este cuerpo creado en 1999 ha sido respaldado en sus acciones por los diferentes gobiernos que han estado en la Casa de Nariño, y en sus 20 años de historia, ha significado un riesgo para las manifestaciones citadas por estudiantes, campesinos e indígenas. (Le puede interesar: «En veinte años el ESMAD ha asesinado a 34 personas»)

En el marco de las recientes movilizaciones sociales, defensores de derechos humanos señalan que el ESMAD ha hecho uso de sus armas menos letales de forma letal, mediante el empleo de municiones ilegales (como recalzadas) para afectar a los manifestantes. Asimismo, señalan que el empleo de la fuerza es excesivo, no responde a las necesidades de la protesta y en ocasiones, no respeta sus protocolos de actuación.

Adicionalmente, según Temblores, por los asesinatos cometidos por el ESMAD aún no se establecen condenas contra sus miembros, razón por la que señalan que hay un silencio cómplice que permite a esta fuerza seguir actuando de forma desmedida contra los manifestantes.

Se debe garantizar el derecho a la protesta, y evitar que se produzcan violaciones a los derechos humanos

El senador Antonio Sanguino manifestó que desde la oposición están construyendo una propuesta que tramitar la discusión sobre el papel que cumple el ESMAD desde un marco normativo, para que se garantice el derecho a la protesta, al tiempo que se eviten violaciones a los derechos humanos y afectaciones a este derecho fundamental. Para iniciar esta discusión, el próximo lunes 16 de diciembre realizarán una audiencia en la que junto a expertos y organizaciones sociales estudiarán experiencias de manejo de la protesta distintas a las que se han vivido en países como Colombia, Chile o España.

No obstante, el Senador señaló algunos de los puntos que serán claves en la discusión como la revisión de la doctrina que orienta la labor de la Policía y de este tipo de cuerpos especializados para atender los hechos de violencia que se presenten en el marco de la protesta. «Pero no solo revisar la doctrina, sino también los protocolos, porque la Policía no puede estimular los hechos de violencia que se presentan», afirmó, y aseguró que esta institución «debe tener una labor preventiva, y el uso racional y proporcional de la fuerza debe reservarse cuando haya momentos de alteración al orden público o para declaratorias de conmoción interior».

Por último, el Congresista sostuvo que a lo largo de las recientes manifestaciones se ha podido evidenciar que hay diferentes formas de permitir la acción del ESMAD, y «al parecer, el uso desmedido de la fuerza conduce a hechos de violencia en el marco de la protesta, y a una limitación a este derecho fundamental». Sin embargo, la iniciativa legislativa no podría ser presentada en esta legislatura porque las sesiones culminan el próximo 16 de diciembre, razón por la que Sanguino adelantó que la misma sería presentada en marzo de 2020.

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mundialboost · 5 years

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